La nueva Ley de Vivienda, que se aprobó el pasado 22 de abril en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, ha generado una gran polémica por las implicaciones que tiene para los propietarios y los okupas. Estas son algunas de las claves que debes conocer sobre la nueva norma: - La nueva Ley de Vivienda incorpora nuevas medidas para proteger contra los desalojos, especialmente en casos de vulnerabilidad social o económica. Según explicaron los portavoces de ERC y EH Bildu en la presentación del acuerdo, la ley garantiza que "ninguna persona se quede sin techo" y que se respeten los derechos humanos de las personas que viven en situación de ocupación. Entre las medidas se incluyen la suspensión de los desalojos sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2023, la ampliación del plazo para solicitar la suspensión de 10 a 20 días hábiles y la obligación de los servicios sociales de valorar la situación de las personas afectadas. - La nueva Ley de Vivienda brinda más garantías a los okupas, incluyendo nuevas prórrogas en los procedimientos de desalojo que retrasarán los procesos por más de 2 años y el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para personas vulnerables. Además, la ley establece que los propietarios deberán ofrecer un alquiler social a las personas que ocupen su vivienda si no tienen otra alternativa habitacional y si cumplen una serie de requisitos, como no tener antecedentes penales o no haber ocupado otra vivienda en los últimos dos años. - Legalmente, no hay distinción entre okupas y ocupas. Aunque el término okupa suele usarse para referirse a las personas que ocupan una vivienda sin ningún tipo de contrato o autorización, y el término ocupa para las personas que lo hacen por necesidad o reivindicación social, lo cierto es que ambos casos se consideran ocupación ilegal y están sujetos a las mismas consecuencias jurídicas. - Los propietarios tienen dos opciones en caso de ocupación ilegal de su propiedad: la vía civil, que permite al propietario "pedir la recuperación inmediata de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento". O la vía penal, que suele ser la más rápida, siempre que el demandante pueda demostrar que se ha cometido al menos uno de estos delitos: robo con fuerza en las cosas, allanamiento de morada o usurpación. Sin embargo, a menudo es difícil demostrar alguno de esos supuestos, por lo que los procedimientos se alargan. La nueva Ley de Vivienda ha sido criticada por diversos sectores sociales y políticos, que consideran que favorece la inseguridad jurídica, el deterioro del mercado inmobiliario y el aumento de la conflictividad social. Por el contrario, sus defensores argumentan que se trata de una ley necesaria para garantizar el derecho a la vivienda y para frenar la especulación y el abuso de los grandes propietarios.
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